Las ciudades han sido lugares de concentración de poderes y recursos, y un espacio político de trasformación de las relaciones sociales, pese a la singularidad de cada ciudad, el espacio urbano actual es percibido y vivenciado, por sus habitantes como un escenario de proyectos diversos y contradictorios, la ciudad es un lugar de conflicto, convivencia y negociación, que incide en la construcción de las relaciones de género, en este sentido, se plantea la necesidad de reconciliar la ciudad y su urbanidad.
En este marco, sobre quién cuida en la ciudad y, por tanto, qué tipo de ciudad queremos, ¿qué tipo de lazos sociales, de estilos de vida, de relaciones económicas y con el medio ambiente, y de usos y distribución del tiempo deseamos?
María Inés Rico y Olga Segovia se ha encargado de este libro, con la CEPAL, y a propósito del PDD Un nuevo Contrato social y el énfasis que la Alcaldesa Claudia López ha tenido con la economía del cuidado, es una postura que bien vale la pena conocer
El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Como territorio compartido, la ciudad constituye “una organización particular de interacciones entre individuos, grupos, y actividades […] un hecho colectivo, social por naturaleza” (Cuervo, 2017, pág. 43).
La sostenibilidad de las ciudades latinoamericanas se sustenta en nuevas formas de habitar, de relacionarse y de cuidar. El derecho de las mujeres a la ciudad implica el derecho a vivir libremente la ciudad, a decidir sobre la ciudad, a disfrutar la ciudad, a cambiar los tiempos y los espacios de la ciudad, a crear la ciudad.
Quienes cuidan y son cuidados…, y en cómo la ciudad puede ser pensada, construida y gestionada para acoger las necesidades de aquellas personas a quienes se les ha asignado culturalmente las tareas de cuidado esto es, las mujeres, de manera que puedan ejercer sus derechos y ampliar su autonomía.
El propósito es, a partir de distintos estudios, proponer nuevas formas en las relaciones de género, en las cuales mujeres y hombres puedan usar y disfrutar del espacio y del tiempo en la ciudad en condiciones de igualdad.
En esta línea, considera la igualdad en el ejercicio de derechos como el eje primordial de la igualdad, lo que incluye “la plena titularidad de los derechos económicos, sociales y culturales como horizonte normativo y práctico para todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, religión, origen, situación socioeconómica u otra condición […] lo que implica una efectiva pertenencia a la sociedad y un ejercicio pleno de la ciudadanía” (CEPAL, 2017b, pág. 5).
Alcanzar la autonomía de las mujeres, en particular la autonomía económica, es uno de los pilares fundamentales para reducir la desigualdad. Hay evidencia suficiente que muestra, por una parte, que las mujeres, debido a su alta carga de trabajo doméstico no remunerado, disponen de menos tiempo para su uso personal, lo que atenta contra sus posibilidades de capacitarse y mantener una presencia continua en el mercado laboral, así como de tener ingresos propios (CEPAL, 2017b).
Es posible advertir que el cambio en el modelo económico que reemplaza el Estado de bienestar, modifica el escenario social, sin embargo, los cuidados que abarcan tanto el ámbito afectivo como material, son indispensables para el sostenimiento de la vida y de la sociedad. “Sin ellos no podría haber cultura, ni economía, ni organización política. Ninguna sociedad que sistemáticamente debilite su reproducción social logra perdurar mucho.
Hoy en día, sin embargo, una nueva forma de sociedad capitalista está haciendo exactamente eso. El resultado es una enorme crisis, no solo de los cuidados, sino también de la reproducción social en su sentido más amplio” (Fraser, 2015, págs. 111 y 112).
Esta crisis de los cuidados, junto con la reflexión feminista y los estudios de género, ha desatado una suerte de auge o boom del cuidado (Pautassi, 2016), que ha interpelado a distintas áreas de la política pública a nivel de los ministerios sectoriales y de los mecanismos para el adelanto de la mujer del Gobierno Central, así como en los gobiernos locales.
A partir de lo expuesto, es necesario avanzar hacia nuevas formas de vida urbana que contribuyan a reducir no solo las desigualdades económicas, culturales y políticas en las ciudades, sino también las persistentes asimetrías entre mujeres y hombres, que incluyen tanto privaciones materiales como desventajas simbólicas.
Es necesario progresar en la reflexión y en las propuestas sobre formas de planificación urbana que, superando visiones dicotómicas sobre el ámbito productivo y reproductivo y sobre el espacio público y privado, contribuyan a la igualdad de género en las ciudades.
Así, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda Regional de Género y la Nueva Agenda Urbana representan consensos mundiales y regionales para avanzar en el fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos locales y en políticas intersectoriales que aporten a la autonomía económica de las mujeres, asuman la responsabilidad estatal en torno al cuidado y se basen en la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo.
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