Desconsoladas, al recibir la vivienda anhelada y en la que invirtieron muchos años de trabajo, esfuerzos y sacrificios, cientos de familias pueden ver que, no es lo que el constructor prometió, pues desde ya vislumbran que los acabados no son los esperados, e incluso y lo que es más grave, notan de manera prematura deficiencias en su estructura, lo que genera una amenaza de ruina.
Todos podemos recordar casos como el SPACE, conjunto residencial ubicado en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad de Medellín, en el que, una centena de familias observaron como el esfuerzo de toda su vida, se vio reducido a ruinas, debido a que una columna de la Etapa 6 falló, ocasionando el colapso del conjunto residencial en el año 2013, error que cobró la vida de 12 personas y ha afectado a más de 3.555 familias que han tenido que afrontar los errores de diseño y construcción de las obras, familias que aún, esperan recuperar su patrimonio y con ello su derecho a un techo digno.
Igual suerte corrieron en el año 2017, los edificios Blas de Lezo en la ciudad de Cartagena, donde perdieron la vida 21 personas y un edificio en construcción en la ciudad de Buenaventura, dejando como resultado 4 lesionados. Así mismo, en la actualidad existen un sinnúmero de edificaciones en diferentes ciudades, que adolecen de diversas patologías y sus propietarios se encuentran en la búsqueda de alternativas que les permita hacer valer sus derechos.
En Colombia, en la actualidad la mayoría de los inmuebles construidos son apartamentos. En el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) año 2018, se evidencia un incremento en el uso de apartamentos como lugares para habitar. Adicionalmente, expresó el director del DANE que, sólo en Bogotá, el uso de los apartamentos es del 61%, lo mismo ocurre en las principales ciudades del país.
Todo lo anterior, nos lleva a analizar la latente problemática para los propietarios y copropietarios, en especial de las propiedades horizontales, quienes constantemente se preguntan:
¿Realmente recibí el inmueble que me prometieron? Si el edificio comienza a deteriorarse poco después ¿Qué puedo hacer?
Sólo a inicios del año 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio recibió aproximadamente 142 demandas contra constructoras, que incluyen, reclamaciones por calidad y seguridad de las viviendas entregadas. En el día a día es notoria la preocupación de los copropietarios, puesto que no sólo se trata de intereses económicos, sino de la inseguridad física de su familia al habitar en edificaciones que podrían sufrir de deterioros prematuros, patologías estructurales e incluso, no cumplir con las normas de sismorresistencia.
Resulta indispensable, que una vez identificada algún tipo de deficiencia constructiva, se acuda a asesoría jurídica oportuna, preferiblemente, de un grupo de abogados expertos que cuente con el apoyo de peritos avaluadores con el fin de estructurar una reclamación directa ante el constructor y de esta manera hacer que el constructor responda de forma efectiva por la garantía, esto, toda vez que el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, establece: “Para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad de la obra por diez (10) años, y para los acabados un (1) año”, esto a partir de la entrega efectiva del bien inmueble.
Quiere decir lo anterior, que una vez transcurrido el tiempo antes indicado, se perderá la garantía; es importante precisar, que previo a acudir ya sea a la acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio o a promover demanda ante el juez de la República, debe agotarse la reclamación directa ante el constructor, en la cual debe indicarse los reparos de forma clara, técnica y jurídicamente sustentada, únicamente, una vez la solicitud sea negada o se haya agotado en silencio el término de respuesta por parte del constructor, sería posible acudir mediante apoderado a la instancia judicial o jurisdiccional con el fin que se ordene, ya sea la reparación de los bienes si a ello hay lugar o la indemnización correspondiente en caso en que no tenga lugar la reparación, es por ello que resulta de vital importancia, contar con asesoría profesional de manera oportuna y eficiente.
Fuente:
Por: Manuelys Molina Corzo. – Abogada socia de Bernal&Partners Abogados.
Abogada bilingüe egresada de La Universidad del Zulia, con experiencia en el área Penal Militar y asesoría legal en Organizaciones Internacionales como AIESEC. Con amplio ejercicio en procesos ante Comisiones de Derechos Humanos y Derecho Migratorio, con cargos ejecutivos en Federaciones Nacionales y fundaciones; así como, participación y organización en congresos internacionales.
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