La seguridad ciudadana es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de cualquier sociedad. En el contexto de Bogotá, una ciudad densamente poblada y marcada por diversos desafíos en materia de orden público, se vuelve imperativo adoptar medidas eficaces que permitan fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a los delitos. En este sentido, la reciente aprobación del Proyecto de Acuerdo propuesto por el concejal Julián Uzcátegui representa un paso significativo hacia la modernización y ampliación de las capacidades de videovigilancia urbana a través de la interconexión de cámaras de seguridad de conjuntos residenciales con el sistema central de monitoreo de la Policía Nacional.
Bogotá cuenta con más de 15.900 copropiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal, lo que evidencia una marcada tendencia hacia la vida en apartamentos: más del 60 % de los ciudadanos residen en estas modalidades habitacionales. Sin embargo, y a pesar de la masiva instalación de cámaras de seguridad privadas en estos espacios, solo el 16 % de ellas están conectadas actualmente al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). Esta desconexión no solo representa una subutilización de recursos tecnológicos existentes, sino que limita drásticamente la capacidad de las autoridades para actuar de manera oportuna frente a situaciones delictivas o emergencias.
La iniciativa del concejal Uzcátegui busca revertir esta situación mediante la interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia de conjuntos residenciales, siempre y cuando las cámaras estén orientadas hacia espacios públicos y exteriores. Esta integración permitirá a la Policía Nacional acceder en tiempo real a imágenes y grabaciones, lo que facilita tanto la respuesta inmediata ante delitos como la recopilación de pruebas para los procesos judiciales. Además, el proyecto reconoce que no basta con reaccionar al crimen, sino que se debe trabajar en la prevención, especialmente frente a problemáticas sensibles como la violencia intrafamiliar.
Durante enero de 2025, Bogotá registró más de 3.000 casos de violencia intrafamiliar, un aumento del 47,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta estadística alarmante justifica la inclusión de un componente pedagógico en la política de seguridad propuesta, mediante un plan institucional que busca capacitar a los residentes y divulgar la ruta única de atención a mujeres víctimas de violencia. De este modo, se fortalece la protección de los derechos humanos y se refuerza el rol de las comunidades como aliadas en la detección y denuncia de abusos que muchas veces se mantienen ocultos tras las puertas de los hogares.
Por otro lado, la delincuencia contra el patrimonio, específicamente los hurtos a residencias, continúa siendo una amenaza latente. En 2024 se reportaron cerca de 1.000 casos, y solo en los primeros meses de 2025 ya se han contabilizado más de 100. Ante este panorama, la articulación de las cámaras residenciales con la red del C4 no solo servirá para identificar a los responsables de estos hechos, sino también como elemento disuasivo, al reducir el anonimato y la impunidad de los delincuentes. En conclusión, la aprobación del Proyecto de Acuerdo para interconectar las cámaras de seguridad de conjuntos residenciales con el sistema de videovigilancia de la ciudad es una medida que responde a una necesidad urgente y real. La seguridad no debe concebirse únicamente como responsabilidad del Estado o de la fuerza pública, sino como un esfuerzo conjunto que involucra a las comunidades, las instituciones y la tecnología. Con esta iniciativa, Bogotá se encamina hacia un modelo de ciudad más segura, más solidaria y más preparada para enfrentar los retos del presente y del futuro
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