Uno de los principales desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que garantice que, de acuerdo con el
Objetivo 16, se puedan promover sociedades pacíicas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eicaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
En este contexto, el gobierno abierto constituye un medio de referencia para alinear el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 y, dados los recientes avances alcanzados por los 15 países de la región que actualmente son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, pareciera importante transitar hacia
la idea de un Estado abierto, es decir, hacia un esfuerzo institucional por promover y articular políticas y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información y datos abiertos, rendición de cuentas, participación
ciudadana y colaboración e innovación cívica más allá del poder ejecutivo, hacia el poder legislativo y judicial, así como también hacia los niveles subnacionales y locales de gobierno.
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