Vecinos en el norte mediante acción popular evitarán bicicarril

Las ciclovías y las ciclorrutas se han convertido para los bogotanos en la mejor alternativa para la movilidad en la ciudad. Se calcula que a diario 760.000 personas usan estas vías para movilizarse.

Desde que llegó a la administración el alcalde Gustavo Petro ha implementado una nueva modalidad que es más económica en su construcción: los ciclocarriles. Estos son espacios para que transiten los ciclistas en calles y avenidas. Se espera que en el primer mes del 2016, la ciudad tenga 108 kilómetros adicionales de bicicarriles que se suman a los 398 ya existentes.

 Pero la puesta en marcha de este sistema no ha estado exenta de contradictores que ven en estos carriles exclusivos una forma de entorpecer el tráfico vehicular, unas vías innecesarias ya que el uso no es frecuente.

 Las protestas han estado en el orden del día. Una de ellas tiene que ver con los vecinos de barrios como Pasadena y el Batán (norte de Bogotá), quienes no comparten ese sistema y reclaman que la decisión no fue concertada con los habitantes. Por eso han interpuesto una acción popular para que se eche atrás la medida.

El contrato suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unión Temporal Alianza Bicicarriles pretende construir una obra sobre la carrera 50 entre calles 100 y 127. Las demarcaciones ya se hicieron a pesar de la oposición de los residentes.

 Los habitantes dicen que la carrera 50 es una vía ya bastante confluida y estrecha como para restringirla aún más. “Buscan quitar 2.5 metros de una vía de 7 metros por donde pasan no solo vehículos particulares sino también buses y camiones de carga”, señaló Adriana Gallego, vocera de la comunidad Pasadena.

Uno de los reclamos es que no ha habido suficiente información. La vicepresidente de la Junta Acción Comunal del barrio Batán, Olga Vásquez, sostiene que mientras el contrato fue suscrito en diciembre del 2014, su comunidad no tuvo noticia de ello sino hasta fines de julio de 2015.

 En un oficio de la Secretaría de Movilidad se ve que el contrato fue suscrito el 24 de diciembre de 2014 y socializado con la comunidad de Pasadena el 9 de marzo de 2015. (Contrato No. 1863 de 2014) (Oficio de Movilidad)

 La información del proyecto no fue sificiente según el concejal Javier Palacios, cuestionó que las misma se haya realizado en la Parroquia de San Ambrosio, donde se enteraron de la obra ese día. “No fue siquiera una socialización sino una reunión informativa donde se tomaron las firmas de asistencia como una aceptación de la comunidad para realizar la obra”, explicó a Semana.com.

 La indignación de la comunidad llamó la atención del concejal que radicó el 12 de agosto ante el Contralor Distrital, Diego Ardila, un derecho de petición en nombre de la comunidad para que se suspenda el contrato. En el documento se explica que la carrera 50 no cuenta con espacio suficiente para una intervención de tal característica y que “perjudicaría la calidad de vida de 5.000 familias en el proceso”. (Derecho de petición)

 Los residentes del sector –dice Gallego– se verían más perjudicados que los de cualquier otro: “el 80% de la comunidad es anciana y usa la carrera 50 como vía residencial porque no hay andenes por donde caminar y los pocos que hay presentan un relieve escabroso”.

Sobre la carrera 50 entre calles 100 y 127 hay al menos tres ancianatos. La acción popular solicita al juzgado suspender la obra mientras se evalúa el terreno y concierta con la comunidad. (Acción Popular)

En una reunión el 9 de septiembre, la comunidad dice haber propuesto a la Secretaría de Movilidad hacer la ciclorruta con mejor planificación: sobre el costado sur de la calle 127 entre carreras 19 y 55 (Ave. Córdoba). El concejal Palacios, a su turno, llama a la administración distrital a crear una mesa de trabajo con la comunidad de los barrios afectados. (Comunicado de Prensa del Concejal)

Reacciones

Líderes de la comunidad se reunieron el 4 y el 9 de septiembre con la Secretaría de Movilidad, quien “no hace sino pintarnos todo color de rosa”, indicó Adriana Gallego, agregando que “hasta nos ofrecieron adornar la obra con lo que nosotros queramos a fin de llevarla a cabo”.

 Olga Vásquez sostuvo que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) les ha dicho que “tenemos intereses personales para convertir la vía en un parqueadero y que por eso nos oponemos, lo cual no es verdadero”.

 Sobre el tema Fernando Rojas Parra, experto en transformación urbana de la Universidad del Rosario y profesor en política pública de la Universidad Javeriana, consideró que si bien la secretaria de Movilidad María Constanza García se ha mostrado “muy autoritaria”, la protesta de la comunidad también debería ser menos radical.

 Para promover el uso de la bicicleta “no tenemos por qué agarrar a garrotazos a la comunidad”, señaló Rojas.

 “Para ella, si uno no aprueba el bicicarril, entonces es enemigo de la bicicleta y la comunidad solo propone hacer la obra en un terreno propicio donde la movilidad de los residentes no se perjudique a expensas de la de los ciclistas”, indicó Rojas, también politólogo de la Universidad de Paraná (Brasil).

Contienda

 Tras varias reuniones de la comunidad con la Secretaría de Movilidad y sin una conciliación a la vista, los líderes de la zona decidieron que irán “hasta las últimas consecuencias” para evitar la construcción del bicicarril.

Así las cosas presentaron el jueves la acción popular redactada por el abogado Camilo Araque, un contratista para litigios de alto impacto que en 2013 fungió de piedra en el camino contra el Ministerio de Minas en su pretensión por fijar los precios de la gasolina.

Semana.com intentó comunicarse con Movilidad en repetidas ocasiones para escuchar su postura al respecto, pero no obtuvo respuesta.

El caso de la Zona G

 La Zona G es otro ejemplo de intervención urbana no concertado por las autoridades con la comunidad. Desde que la Alcaldía de Chapinero hiciera pública (2012) su intervención en la Zona G, la comunidad y su vocero –Camilo Reales– opusieron férrea resistencia.

Desde entonces han venido poniéndole a la alcaldía piedra tras piedra en el camino: entablaron una acción popular el primero de julio de este año y la solicitud de un concepto técnico ante la Veeduría Distrital. Tanto la Veeduría como el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá contestaron favorablemente para la comunidad.

 El 14 de agosto el juzgado ordenó a la Alcaldía a abstenerse de intervenir en el sector en tanto un fallo judicial no se produzca y el veedor distrital advirtió inconsistencias en los informes del proyecto; entre ellas, sobrecostos carentes de sustento. (Concepto técnico de Veeduría Distrital).

Fuente: semana.com