Urbanismo contra la Inseguridad

La percepción de inseguridad en lo corrido del 2017 va en aumento en Colombia. Este contexto coincide con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016) que busca actualizar normas y conductas a las realidades y el contexto del siglo XXI, pero sobre todo, convertirse en una herramienta de sana y adecuada convivencia en el delicado equilibrio que se da entre derechos y obligaciones y la vida en sociedad.

Colombia es un país acostumbrado a la pretensión de solucionar sus problemas mediante la expedición de códigos y normas. Aun sin resolverlos navega en la corrupción, corroborando una de las máximas de Tácito: Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene. Las fragilidades de las ciudades colombianas no se resuelven solamente con una norma de convivencia, porque coexisten lados oscuros por las deficiencias en los procesos de urbanización, tipificados en acceso a los servicios básicos, incluyendo seguridad, transporte público, agua y saneamiento básico.

Las ciudades que crecen con más rapidez son susceptibles de padecer por estas carencias. Varios autores e investigadores de desarrollo urbano coinciden que las ciudades están en una encrucijada y se enfrentan a desafíos históricos planteados por el crecimiento demográfico, el cambio de su estructura, el cambio climático acelerado, la creciente desigualdad y con demasiada frecuencia una habitabilidad deficiente.

Las variables anteriores conforman el inventario de adeudos de las ciudades colombianas, por lo que deben ser solucionadas con detalle y análisis de futuro. Este diagnóstico colmado de debilidades debe advertir el novedoso advenimiento de la implementación del acuerdo de paz materializado con las Farc, el cual tendrá lugar en las principales ciudades del país. Esquivar el análisis de este suceso podría concebir las complicaciones inherentes con el proceso de desmovilización del paramilitarismo. La inobservancia de estos fenómenos trae consigo efectos negativos en el desarrollo normal de la ciudadanía, particularmente, en materia de urbanización e inseguridad.

Estudios realizados conjuntamente por el Instituto Igarapé en Brasil, la Nations University, el Foro Económico Mundial y la organización 100 Resilient Cities, determinaron que las ciudades que comparten la característica de procesos de urbanización rápida, igualmente son similares en desigualdad, pobreza, desempleo, problemas con el patrullaje policíaco y falta de seguridad. Este último indicador presenta una evolución progresiva y significativa en las ciudades colombianas. En Valledupar, por ejemplo, los ciudadanos se sienten acorralados, los delincuentes andan al acecho, ni siquiera las rejas logran disuadirlos, lamentablemente, sentarse en las terrazas de las casas se ha convertido en un riesgo inminente, la inseguridad se está adueñando de esa vieja tradición.

Las ciudades del futuro en Colombia, además de trabajar en la modernización del ordenamiento territorial, sustentado en el modelo energético, gestión del riesgo y elementos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deben enfatizar en materia de seguridad las siguientes variables: minería Ilegal, impunidad, pérdida de confianza institucional, restitución de tierras, microtráfico y delitos informáticos. La inseguridad es un indicador colectivo que describe el clima social en que discurre la vida urbana en las ciudades y la relación entre economía y violencia entorpece la solución del problema por sus razones multicausales, contrarrestarla requiere institucionalidad y trabajo conjunto de los actores, agentes y partes interesadas.

Los escenarios mencionados demandan institucionalidad, para resolver la criticidad del Sistema Judicial y los indicadores de inequidad y educación, en aras de anticipar las consecuencias del crecimiento poblacional de las ciudades y sus comportamientos coyunturales contribuyentes de los efectos del desequilibrio social. Este conjunto de menciones requieren del empoderamiento de la ciudadanía, petición que es realidad en el mundo desarrollado, los ciudadanos necesitan ser escuchados y tenidos en cuenta en la toma de decisiones, la indiferencia genera desconfianza, sobre todo para el diseño del proceso de planificación y seguridad urbana.

Fuente: Luis Elquis Díaz – EL PILON – VALLEDUPAR

COMPARENDO CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y DE CONVIVENCIA