Nuevo Código de Policía fue aprobado en el Congreso de la República

Con una votación de 91 votos a favor y 3 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto del Nuevo Código de policía, teniendo presente la gran necesidad de actualizar las normas que regulan varios de los comportamientos ciudadanos para vivir en sana convivencia dentro de la sociedad.

Después de 45 años la norma que establece las disposiciones generales relacionadas con el poder, función y actividad de la Policía Nacional, fue reemplazada.

El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, celebró la aprobación al señalar que el Código vigente rige hace más de 40 años y no se compadece con la tecnología ni los comportamientos actuales. En su criterio, este es un Código moderno que puede interpretar mejor las amenazas a la seguridad ciudadana en temas cotidianos como el hurto callejero, micro tráfico, ruido, etc.

Villegas insistió en que este Nuevo Código de Policía y Convivencia le dará un “nuevo aire” de responsabilidad cívica a los ciudadanos. “Con esto la Policía aumenta sus compromisos y esperamos que la implementación del Código de Policía cambie la cultura ciudadana. No solamente la fuerza policial, sino también los deberes de los ciudadanos frente a los derechos colectivos y frente al Estado”, puntualizó.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, este Código sí se ajusta a la Constitución de 1991 y permitirá enfrentar con rapidez la invasión de espacio público, a quienes botan basura, hacen grafitis en sitios no autorizados o le dan mal uso a la Línea 123.

De igual manera, el Código permitirá la intervención de la Policía en casos de mascotas ruidosas o de música a todo volumen en un vecindario, conjunto o edificio.

Según el ministro, “en casos de fiestas ruidosas, el actual Código autoriza la desactivación de equipos de sonido o parlantes que generan altos niveles de ruido y que interrumpen la tranquilidad de un vecindario”.

En materia de protección de mascotas y/o animales, el Código ahora permitirá a la Policía “corregir o sancionar a los dueños que incumplan normas de convivencia o tenencia de los mismos”.

“Habrá multas para quienes no recojan las necesidades que hacen sus mascotas en espacios o sitios públicos, inclusive, por pasearlas sin collar o bozal (en caso de razas peligrosas)”, señaló el Ministro.

De acuerdo con la cartera, el ingreso de la Policía a una casa sin orden judicial se hará únicamente en casos de urgencia o de peligro inminente para la vida de una persona como en casos de violencia o abusos contra una mujer, menores de edad o cualquier persona que esté dentro de un domicilio.

La intención, de acuerdo al texto aprobado, es socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio y se encuentre en peligro dentro de una residencia. Y aunque se establece que los policías que lo realicen deberán rendir de inmediato un informe a su superior, con copia al propietario del inmueble, donde conste la razón por la cual se realizó el operativo, ello no es garantía de una eventual extralimitación de sus funciones.

Otro tema controversial está relacionado con las medidas para reglar el “uso de la fuerza” por parte de la Policía. Aunque se aprobó que este sea el medio “material, necesario, proporcional y racional” empleado por los uniformados como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, no es claro hasta dónde pueden llegar. La ley apenas habla de la posibilidad de los policías de “escoger” el uso de la fuerza que cause menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes.

También se estableció una medida denominada “traslado por protección”, cuando se esté embriagado o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Si bien el propósito inicial es proteger a los ciudadanos cuando no estén en pleno uso de su conciencia, hay quienes consideran que ello podría llevar a posibles abusos de autoridad de los uniformados, algo que ya se ha visto.

De otro lado, se mantuvo en la reforma el llamado “trámite del proceso verbal inmediato”, que significa que una persona que presente un comportamiento contrario a la convivencia, podrá ser retenida para ser oído en “descargos”. Aunque se quiere instituir una conciliación frente a cualquier tipo de discrepancia entre ciudadanos, paradójicamente los uniformados en los Centro de Atención Inmediata (CAI) podrían pasar en cierta medida a tomarse atribuciones propias de la justicia.

En el nuevo código también se incluyó otro punto polémico encaminado a darles facultades a los alcaldes para que restrinjan la movilidad o permanencia de menores de edad en el espacio público o en lugares abiertos. La intención apunta a prevenir la ocurrencia de eventos que puedan poner en peligro o afectar la vida de niños, niñas y adolescentes, pero abre la puerta a establecer toques de queda permanentes para esta población.

Igualmente se aprobaron medidas de “protección” del espacio público. Por ejemplo, hay sanciones para quienes lo ocupen “en violación de las normas vigentes”. Así las cosas, los vendedores ambulantes podrían ser objeto de permanente persecución. En el mismo sentido, se prohíbe expresamente “escribir o fijar en lugar público o abierto al público grafitis”, abriendo de nuevo el debate sobre el lamentable episodio registrado en el caso de Diego Felipe Becerra, muerto en confusos hechos a manos de un uniformado.

Además, se castiga el uso inadecuado del sistema telefónico de emergencia (123). A partir de ahora se cargará a la factura de cobro del servicio telefónico una multa de hasta $90.000 por cualquier llamada innecesaria a esta línea. Y está lo relacionado con las manifestaciones de protesta.

De acuerdo con el nuevo código, éstas no se podrán realizar de forma espontánea -como ocurre, por ejemplo, cuando los ciudadanos inconformes con el servicio de Transmilenio se toman las vías-, sino dando previo aviso a las autoridades. Según la norma, solo se permitirán las protestas que busquen un “fin legítimo”, lo cual implica cerrar la agenda de la democracia. De todas maneras, se estableció que dichas manifestaciones no podrán ser consideradas alteraciones a la convivencia, como algunos querían.

Ahora, hay que reconocer que el nuevo Código de Policía incluye varias medidas que se hacen necesarias para sancionar las malas conductas que muchos ciudadanos comenten. Pero aun así hay riesgos y asuntos por definir para evitar imprevistos.

Uno de esos puntos es el que habilita a la Policía para ingresar a un inmueble con el fin de “identificar, registrar y desactivar” cualquier fuente de ruido que esté afectando un conjunto residencial o vecindario. Es decir, las fiestas con equipos de sonido a altísimo volumen, que es una de las quejas más recurrentes de los ciudadanos.

La intención es loable pero hay que pensar que el hecho de que los uniformados lleguen a un sitio donde seguramente hay personas borrachas se puede presentar para mayores problemas.

También se incluyeron, de manera clara, varias medidas encaminadas a castigar cualquier comportamiento que afecte a los grupos sociales de especial protección constitucional. Al respecto, nadie podrá limitar u obstruir las manifestaciones de afecto público –que no sean actos sexuales– en razón a la raza u orientación sexual. Es decir, hechos como el ocurrido hace un par de semanas en Medellín con una pareja LGBTI, que fue reprimida justamente por dos policías, no podrán repetirse.

De cualquier manera, el nuevo Código de Policía pasó a conciliación, en medio de expresiones de apoyo, incluyendo las del Gobierno, donde el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, agradeció la labor del Congreso e insistió en que se trata de un proyecto “preventivo que le da a la Policía nuevas herramientas en temas como medio ambiente y minería ilegal”.

Y también voces de rechazo, como la de la representante a la Cámara Ángela María Robledo, de la Alianza Verde, quien cree que, por el contrario, se trata de un código con un carácter correctivo en su contenido y alcances “que desconoce la esencia de la actividad policial que debe ser a todas luces preventiva”, al tiempo que “establece medios de Policía que limitan las libertades públicas”.

 

 

 

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