La justicia en equidad fue creada constitucional y legalmente pero al nacer fue abandonada y perseguida por el Estado Colombiano en cabeza de los funcionarios públicos del orden nacional y territorial.

La justicia en equidad la conforman la justicia de paz, la conciliación en equidad y comunal, el arbitraje en equidad, la mediación comunitaria y la mediación que deberían prestar los comités de convivencia en los multifamiliares bajo el régimen de propiedad horizontal.

La justicia de paz fue creada en el artículo 247 de la Constitución Política de Colombia como una jurisdicción especial para atender conflictos particulares y comunitarios que no superen los 100 SMLMV y regulada por la ley 497 de 1.999.

La conciliación en equidad fue creada como mecanismo alterno de solución de conflictos o MASC en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia junto con la conciliación en derecho y el arbitraje tanto en derecho como en equidad (no ha sido reglamentada legalmente).

La conciliación en equidad ha sido desarrollada por leyes de descongestión de despacho judiciales como la 23/91, 446/98 y 1395/10 donde el Estado en cabeza de la rama ejecutiva como judicial la consideran como subproducto de la conciliación en derecho.

Las actas de conciliación tanto en derecho y como en equidad prestan merito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada, además de cumplir la conciliación como requisito de procedibilidad en procesos civiles ordinarios y abreviados.

La conciliación comunal fue creada por la ley 743 de 2002 y reglamentada por decretos 2350/03 y 890/08 la cual deberían prestar sus conciliadores en los salones comunales de los barrios por parte de las comisiones convivencia y conciliación de las juntas comunales.

El arbitraje en equidad no fue desarrollado legalmente y menos por la nueva ley de arbitraje.

La mediación comunitaria no tiene reglamentación legal pero en Colombia la mediación policial fue desarrollada en el nuevo código nacional de policía como MASC donde los agentes policiales capacitados la pueden prestar y la medición penal por el código de procedimiento penal donde la pueden prestar los fiscales para delitos querellables.

Los comités de convivencia fueron creados por el artículo 58 de la ley 675/01 como mediadores de conflictos de convivencia que se presenten en los edificios y conjuntos de uso residencial, los cuales no funcionan porque no eligen personas idóneas y menos están capacitados en MASC por las administraciones de los multifamiliares y menos por el Estado.

Estas figuras de justicia en equidad fueron creadas por el mismo Estado para prestar sus servicios en las comunidades respectivas pero son consideradas por los funcionarios públicos como una justicia para pobres o justicia de segunda o tercera categoría donde son relegadas y sus operadores perseguidos disciplinaria y judicialmente especialmente los jueces de paz por los consejos seccionales de la judicatura en las salas disciplinaria y hasta destituidos del cargo cuando no son nombrados sino elegidos popularmente para un periodo de cinco años.

De igual forma a los conciliadores en equidad quienes son figuras comunitarias donde los quieren sancionar aplicando el código único disciplinario para funcionarios públicos, cuando son figuras comunitarias.

Además que al conciliador en derecho por cada conciliación le cancelan unos honorarios autorizados por Minjusticia en los centros de conciliación, mientras al conciliador en equidad por ley les prohíbe cobrar sus servicios y pueden ser sancionado por ser gratuita la conciliación; tanto el juez de paz como el conciliador en equidad subsidian la justicia cuando de su bolsillo en muchas ocasiones tiene que pagar las copias de las conciliaciones o fallos en equidad debido a que las partes no tienen recursos por ser muy pobres.

Los mediadores comunitarios fueron capacitados en Bogotá en el año 2003 por la administración Mockus unos dos mil líderes comunitarios en convenio con la universidad externado de Colombia y en la primera administración Peñalosa fueron abandonados y desplazados de las casas.

Trece casas de justicia fijas que existen en algunos de las veinte localidades en que está dividida la Ciudad gracias al convenio que la administración distrital tienen hace años con la universidad nacional y las secretaria de gobierno y hoy con la secretaria de seguridad, convivencia y justicia teniendo en cuenta el decreto 503 de 2003 donde convirtieron a jueces de paz, conciliadores en equidad, mediadores comunitarios y promotores de convivencia en bienes públicos distritales y en informantes de seguridad del Estado y no en ciudadanos y operadores de justicia en equidad los cuales son regulados a través de normas del orden nacional.

La nueva secretaria se seguridad ha adquirido dos buses como casas de justicia móviles donde deberían prestar el servicio de justicia jueces de pequeñas causas en lo civil para atender conflictos que no superen la mínima cuantía, penal delitos querellables (fiscal) y de paz (conciliador en equidad) conflictos de convivencia en propiedad horizontal un inspector de policía (conflictos en espacio público y zonas comunes de conjuntos) y comisario o defensor de familia y así evitar tanta violencia intrafamiliar.

Pero la experiencia de hacer la gestión con asosalitre para traer el bus (casa de justicia móvil) en ciudad salitre el año anterior fue un total fracaso debido a que el bus no tiene impresora, ni papelería y menos articulación institucional con las alcaldías locales como la de Fontibón, Engativá o Teusaquillo y las trece casas de justicia existentes en la ciudad, sin incluir la información o publicidad que debió realizar la secretaria de seguridad con la ciudadanía especialmente de propiedad horizontal existente en ciudad salitre occidental y oriental, la felicidad y hayuelos.

Tampoco he tenido apoyo para presar los servicios de justicia en ciudad salitre especialmente un día a la semana en las oficinas del parque sauzalito, maloka, la terminal de transporte terrestre donde el Estado tiene el 87% de las acciones y menos de la cámara comercio de la Ciudad como ente privado creado por el Estado para que como juez de paz elegido popularmente pueda atender conflictos en ciudad salitre especialmente de convivencia en propiedad horizontal donde se están presentando delitos.

Porque los colombianos no sabemos vivir en este régimen especial de propiedad el cual restringe su uso y goce y gracias en parte al libre desarrollo de personalidad se vende un discurso que los derechos son ilimitados, cuando los limita la constitución, la ley y el derecho ajeno, además que el Presidente de la República, los gobernadores y menos los alcaldes como el de Bogotá, los locales o secretarios, se interesen por evitar los conflictos que se presentan en los edificios y conjuntos de la Ciudad, los cuales se están convirtiendo en un bomba de tiempo que nadie quiere desactivar y menos evitar…

Fuente: Arnulfo Polanco

Juez de Paz

Conciliador en Equidad