Desarrollo territorial en Colombia atraviesa por un fuerte cambio en la forma de construir ciudad

El desarrollo territorial en Colombia atraviesa por un fuerte cambio en la forma de construir ciudad, derivado de la evolución en las prácticas de ordenamiento y la articulación entre la planeación y la gestión urbana, orientadas a la ejecución de proyectos integrales y eficientes para el desarrollo urbano.

Mediante la aplicación de los mecanismos de gestión y financiación establecidos en la Ley 388 de 1997, el POT de Bogotá reconoce la importancia de administrar los derechos de usos y aprovechamientos del suelo, con el fin de orientar la ejecución de acciones y actuaciones urbanísticas más eficientes y la redistribución equitativa de las cargas y beneficios derivados del desarrollo urbano. No obstante contar con el marco normativo para la gestión urbana, Bogotá no ha logrado consolidar este propósito de manera integral, en razón principalmente, a que no ha logrado anticiparse a las decisiones de los agentes privados, de manera que pueda ejercer la orientación en las intervenciones, para garantizar un desarrollo más equitativo y equilibrado de la ciudad como conjunto.

El modelo de ordenamiento adoptado para Bogotá, orientado a la consolidación de una ciudad compacta, se sustenta primordialmente en el control de la expansión urbana y la mitigación de las presiones hacia la conurbación. Para el logro del modelo planteado, el POT establece una política de gestión del suelo constituida por una serie de mecanismos que le permiten orientar la configuración de los bordes urbanos y la reactivación de las zonas centrales, enfocados principalmente a la regulación del

mercado del suelo y el crecimiento urbano; la implementación de proyectos estratégicos y estructurantes; la financiación de infraestructura y la obtención de suelo para su desarrollo y la provisión de suelo para el desarrollo de vivienda de interés social, entre otros.

En relación con el control y la configuración de los bordes urbanos, Bogotá da cuenta hoy de un avance significativo en el desarrollo de la política de gestión del suelo, el cual ha logrado mediante la implementación y articulación de algunos de los mecanismos y procedimientos para la gestión urbana, especialmente por la aplicación del sistema de reparto de cargas y beneficios y los planes parciales, reglamentados mediante decretos 327 de 2004 y 436 de 2006. Mediante la aplicación de dichos instrumentos, se ha logrado orientar un desarrollo urbano más incluyente social y espacialmente, que propende por el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la población, en relación con la provisión de suelo servido, espacio público y equipamientos.

Sin embargo, estos avances sólo tienen sentido, en la medida en que también se avance en la ejecución del marco integral para la planeación y gestión urbana aplicable a la ciudad consolidada, la cual presenta dinámicas importantes de redensificación y renovación urbana.

Las dinámicas y funciones urbanas de Bogotá han sido establecidas principalmente por el mercado inmobiliario y los agentes privados, por esta razón, no es extraño que estos se estén anticipando a la densificación y revitalización de algunas zonas centrales, en las cuales, por condiciones de oportunidad, la administración no ha establecido los procedimientos de gestión y financiación para orientar las intervenciones y regular los nuevos usos y densidades, que le permita garantizar un desarrollo más coherente y equilibrado.

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